Impulsado por su reciente triunfo electoral, el presidente Javier Milei anunció el lanzamiento de una nueva etapa de reformas estructurales centrada en la modernización de la legislación laboral. El objetivo, según explicó, es transformar el sistema impositivo y de trabajo para estimular la inversión privada y reducir la informalidad, que hoy afecta a más del 43% de los trabajadores.

La iniciativa se basa en el proyecto de ley presentado por la diputada libertaria Romina Diez, titulado "Ley de Promoción de Inversiones y Empleo", que reemplaza a la versión original incluida en la Ley Bases, de la cual se habían eliminado más de 40 artículos tras la negociación con el Congreso.

Flexibilización y estímulos a las pymes

El nuevo texto busca incentivar la contratación formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas, mediante beneficios fiscales y reducción de cargas sociales para nuevos empleos.

Entre las medidas previstas se destacan:

• La fragmentación de las vacaciones en varios tramos.

• La implementación de bancos de horas para flexibilizar la jornada laboral.

• La actualización de las licencias por enfermedad o accidente, adaptadas a esquemas más modernos.

• La posibilidad de establecer mecanismos de flexibilidad laboral mediante convenios colectivos sectoriales.

El proyecto no incluye modificaciones sobre la recaudación sindical ni sobre la democracia interna de los gremios, temas que habían generado tensiones con la CGT durante 2024.

Continuidades del DNU 70/23

La iniciativa retoma algunos aspectos del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, actualmente suspendido por la Justicia laboral.
Entre los puntos más debatidos se incluyen:

• La extensión opcional de la jornada laboral de 8 a 12 horas, con compensación horaria.

• La posibilidad de abonarle al trabajador parte del salario mediante vales o tickets.

• El pago de indemnizaciones o multas judiciales en hasta 12 cuotas.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, anticipó además que el Ejecutivo planea revisar los convenios colectivos de trabajo para adaptarlos a las nuevas modalidades productivas y reducir litigios.

Un enfoque hacia la formalización

El Gobierno sostiene que el propósito central de la reforma es reducir la economía informal, simplificar las reglas para los empleadores y ofrecer previsibilidad jurídica al mercado laboral.

"Queremos que la gente prefiera trabajar en blanco porque le conviene, no porque la obligan. Para eso hay que hacer que contratar formalmente sea viable", señaló Milei durante una entrevista televisiva.

Desde el oficialismo remarcan que la iniciativa no implica pérdida de derechos laborales, sino una actualización normativa que incentive la competitividad y la productividad.

Reacciones y desafíos

Los gremios, sin embargo, anticiparon su rechazo. La CGT advirtió que "si la reforma implica retroceder en derechos, no habrá negociación posible". No obstante, fuentes del Ministerio de Capital Humano confirmaron que el diálogo con los sindicatos continuará.

Los analistas consideran que el resultado electoral otorga al Gobierno un margen político inédito para avanzar con reformas estructurales que modernicen el mercado de trabajo argentino, en línea con la agenda de equilibrio fiscal y reducción del gasto público que promueve el Ejecutivo.