Dirigentes agropecuarios de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz viajaron a Buenos Aires con la esperanza de frenar la flexibilización de la barrera sanitaria que protege a la Patagonia del ingreso de carne con hueso desde el norte del país. Sin embargo, se encontraron con una negativa oficial y promesas vagas, y regresaron con las manos vacías.

La reunión con el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, no ofreció soluciones concretas. El funcionario se comprometió únicamente a gestionar una reunión técnica con autoridades sanitarias de Chile, tras el cierre comercial de ese país a productos patagónicos por el cambio de estatus.

Desde la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, su presidenta Nora Lavayén fue tajante: "Nos abandonaron". Aseguró que, además del impacto sanitario, esta decisión se suma a un fuerte recorte de fondos nacionales y provinciales, afectando programas de sanidad, comercialización y genética.

El conflicto se centra en la aplicación de la resolución 460/25 del SENASA, que habilita el ingreso de carne con hueso plano desde zonas con aftosa con vacunación hacia la Patagonia, sin especificar mecanismos rigurosos de control, empaquetado y maduración. Las entidades agropecuarias sostienen que esto pone en riesgo el estatus de zona libre de aftosa sin vacunación, que tanto costó conseguir.

A nivel internacional, Chile y la Unión Europea ya expresaron su preocupación por el cambio normativo. El cierre preventivo del mercado chileno ya comenzó a tener impacto económico en exportaciones ovinas y vacunas desde la región. Se teme que la UE también restrinja compras, lo que afectaría la competitividad exportadora de la carne patagónica.

Mientras tanto, las provincias patagónicas avanzan por la vía judicial. Santa Cruz presentó un recurso de amparo contra la medida, y Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego evalúan acciones similares. Las entidades del campo también reclaman una auditoría independiente que certifique el cumplimiento de protocolos sanitarios, y exigen una revisión inmediata de la medida.

Según los productores, de mantenerse la resolución, el sector perderá no solo protección sanitaria, sino también acceso a mercados internacionales estratégicos, arriesgando años de inversión y trabajo en la mejora del estatus sanitario regional.