El Gobierno nacional reglamentó la reforma laboral y promulgó oficialmente la Ley N° 27.802, que introduce cambios estructurales en el régimen laboral argentino. La medida fue formalizada mediante el Decreto 137/2026, publicado en el Boletín Oficial, y representa uno de los cambios más importantes en la legislación laboral de las últimas décadas.
La normativa fue aprobada por el Congreso el pasado 27 de febrero y cuenta con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
Entre los puntos centrales de la reforma se destacan modificaciones en la registración de trabajadores, la organización de la jornada laboral, el régimen de indemnizaciones y la estructura de aportes patronales y sindicales.
Cambios en jornada laboral y salarios
Uno de los cambios más relevantes es la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias, siempre que exista un acuerdo escrito entre empleador y trabajador. Además, se crea un sistema de "banco de horas", que permitirá compensar horas trabajadas con días de descanso. La reforma también introduce el concepto de "salario dinámico", que permite que parte de la remuneración esté vinculada al desempeño o mérito del trabajador mediante acuerdos en convenios colectivos. En cuanto al pago de salarios, se establece que deberá realizarse a través de bancos o entidades financieras, dejando afuera a las billeteras virtuales como medio de acreditación salarial.
Otro cambio importante es la digitalización obligatoria de los libros laborales, que tendrán plena validez legal y deberán conservarse durante al menos diez años.
Nuevas reglas para aportes y sindicatos
La normativa también modifica el esquema de aportes sindicales y empresariales. Los aportes de trabajadores a sindicatos no podrán superar el 2% del salario, mientras que las contribuciones empresariales a cámaras o asociaciones pasarán a ser voluntarias a partir de 2028 y no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones. Además, los empleadores ya no podrán actuar como agentes de retención de cuotas sindicales sin el consentimiento expreso del trabajador. Al mismo tiempo se mantiene el aporte obligatorio del 6% destinado a las obras sociales.
Cambios en indemnizaciones y despidos
La reforma introduce modificaciones en el cálculo de las indemnizaciones por despido sin causa. A partir de ahora, el monto se determinará tomando únicamente la remuneración mensual normal y habitual, excluyendo conceptos como aguinaldo o vacaciones. También se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema financiado por aportes mensuales de los empleadores para cubrir costos de desvinculación laboral. Las empresas deberán aportar 1% del salario en el caso de grandes compañías y 2,5% en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas, porcentajes que podrían incrementarse con autorización del Congreso.
Además, los convenios colectivos podrán establecer fondos de cese laboral con capitalización individual, un esquema que busca reemplazar o complementar el sistema tradicional de indemnizaciones.
Otro cambio relevante es la eliminación de las multas previstas en la Ley 24.013 para los casos de empleo no registrado o registración incorrecta.
En su lugar se crea un programa de promoción del empleo registrado, que permitirá a las empresas regularizar trabajadores con condonación de hasta el 70% de las deudas por aportes y sanciones.
El objetivo oficial es incentivar el blanqueo laboral en un contexto donde el trabajo informal sigue representando una parte significativa del mercado laboral argentino.
Restricciones al derecho de huelga
La reforma también redefine el alcance del derecho de huelga. En los servicios esenciales, como salud, telecomunicaciones o distribución de agua, deberá garantizarse al menos el 75% del personal en actividad durante las medidas de fuerza. En sectores considerados de importancia trascendental, como transporte, minería, industria alimenticia, siderurgia o construcción, deberá mantenerse al menos el 50% de la dotación laboral. Con estos cambios, el Gobierno busca impulsar una mayor flexibilización del mercado laboral, promover inversiones y reducir la informalidad, mientras que sectores sindicales y de la oposición advierten que algunas medidas podrían implicar una re
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