A pocas horas de volver al país tras su viaje oficial a Oslo, el presidente Javier Milei firmó la reforma laboral que el Gobierno busca implementar como parte del programa de modernización económica. La decisión se concretó en un clima de máxima tensión con la CGT, que había advertido que avanzaría con medidas de fuerza si no se modificaban ciertos artículos del proyecto.

En un movimiento calificado como "gesto de distensión", el Ejecutivo decidió excluir el artículo más cuestionado por la central obrera, el cual había sido interpretado como un factor de posible conflictividad inmediata. El Gobierno sostuvo que la reforma podrá avanzar sin ese punto, priorizando el resto de los cambios estructurales.

El artículo retirado y su impacto en la negociación con la CGT

El artículo eliminado estaba vinculado a cambios en las restricciones para huelgas y medidas de fuerza, un aspecto que la CGT consideraba una afectación directa de derechos laborales básicos. La central obrera había señalado que ese punto era "innegociable" y que su aprobación generaría un escenario de confrontación directa con el Gobierno.

Al retirarlo, el Ejecutivo busca evitar un conflicto sindical mayor y mantener canales de diálogo abiertos con la conducción gremial. Aunque la reforma incluye una serie de modificaciones relevantes, el Gobierno evaluó que la eliminación puntual del artículo no afecta la arquitectura general del proyecto.

La medida fue interpretada por sectores políticos como un movimiento táctico para asegurar gobernabilidad y ordenar el frente sindical mientras se avanza en otros capítulos de la reestructuración económica.

Los puntos centrales de la reforma que siguen en pie

Más allá de la exclusión del artículo en disputa, la reforma laboral mantiene sus componentes principales, orientados a modernizar relaciones de trabajo y favorecer un mercado laboral más flexible. Entre los aspectos centrales se destacan:

• Nuevas reglas para indemnizaciones, orientadas a esquemas previsibles y mecanismos alternativos.

• Actualización de modalidades de contratación, especialmente para sectores productivos con alta estacionalidad.

• Instrumentos para acuerdos por empresa, con mayor autonomía negociadora.

• Promoción de regímenes de productividad y sistemas de incentivos.

• Cambios en aspectos administrativos y en los procesos de registración laboral.

El Gobierno sostiene que estas modificaciones son esenciales para mejorar la competitividad del sector privado y promover la creación de empleo formal.

La reacción sindical y el nuevo escenario político

La CGT valoró la eliminación del artículo más polémico, aunque advirtió que continuará siguiendo de cerca la implementación de la reforma. El sindicalismo remarcó que mantendrá su postura crítica frente a modificaciones que, a su criterio, puedan afectar derechos laborales colectivos o individuales.

Desde el Ejecutivo consideran que la decisión permitirá "ganar tiempo político" y avanzar con la aplicación del resto del paquete de reformas. No obstante, especialistas advierten que el clima entre el Gobierno y la central obrera seguirá siendo de alta sensibilidad, y que cualquier cambio adicional podría reactivar tensiones.

Impacto en empresas, empleo y estructura económica

La reforma, aun con el artículo retirado, genera expectativas en sectores empresariales que ven en la flexibilización de normas laborales una oportunidad para reducir costos, mejorar la previsibilidad y facilitar contrataciones. También se espera que los cambios permitan ordenar juicios laborales, reducir litigiosidad y mejorar condiciones de inversión.

Sin embargo, expertos subrayan la necesidad de que la reforma se complemente con políticas de empleo, capacitación y estímulos productivos, especialmente para pymes, que son las principales generadoras de puestos de trabajo.