La Legislatura mendocina dio luz verde a un proyecto que habilita el avance de la minería metalífera, incluso en zonas cercanas a cuencas de alta importancia hídrica. La decisión reactivó un conflicto de larga data en la provincia, donde el debate entre la actividad extractiva y la protección del agua ha sido uno de los ejes ambientales y productivos más sensibles de las últimas décadas.

El nuevo marco normativo permitirá a empresas mineras solicitar permisos en áreas con restricciones previas, siempre bajo procesos de evaluación y estudios técnicos. Sin embargo, críticos del proyecto sostienen que estas herramientas no garantizan que la explotación no afecte a los sistemas de riego, glaciares, humedales y cursos de agua que abastecen a ciudades y zonas agrícolas.

El agua, un recurso crítico para la provincia

Mendoza enfrenta desde hace años un escenario de estrés hídrico estructural, producto de menores precipitaciones, retroceso de glaciares y aumento de la demanda agrícola y urbana. Por ese motivo, la discusión sobre la minería metalífera siempre estuvo atravesada por la preocupación por los efectos sobre el agua.

Productores vitivinícolas, irrigantes, cooperativas rurales y organizaciones ambientales sostienen que la aprobación legislativa podría aumentar la presión sobre cuencas que ya operan al límite, especialmente en el Valle de Uco, el oeste mendocino y zonas cordilleranas clave para la recarga de acuíferos.

Para estos sectores, el riesgo no se limita a la posible contaminación, sino también a la competencia por el uso del agua, un recurso que hoy define la viabilidad de actividades productivas centrales.

Los argumentos a favor: inversión y desarrollo regional

Los legisladores que defendieron el proyecto argumentaron que la minería metalífera podría generar inversiones millonarias, nuevos empleos y dinamizar la economía provincial, especialmente en regiones con menor desarrollo industrial. También señalaron que el marco aprobado incluye evaluaciones de impacto ambiental y mecanismos de control que buscan garantizar operaciones seguras.

Para sectores empresariales, la minería representa una oportunidad para diversificar la matriz económica de Mendoza, hoy fuertemente concentrada en agricultura, vitivinicultura y servicios. Además, destacan que la tecnología moderna permite reducir impactos y mejorar la gestión ambiental.

Las críticas: riesgos de contaminación y daños irreversibles

Las organizaciones que rechazan la iniciativa sostienen que la minería metalífera, especialmente la orientada a la extracción de oro, plata y otros metales, implica riesgos significativos de drenaje ácido, filtraciones, derrames y contaminación por cianuro, metales pesados y residuos industriales.

También cuestionan la capacidad del Estado provincial para ejercer controles efectivos sobre grandes operadores, señalando que la historia de proyectos similares en otras provincias muestra dificultades para fiscalizar procesos complejos con alto impacto territorial.

El debate en Mendoza no se agota con la aprobación legislativa. Se esperan presentaciones judiciales, reclamos de organizaciones ambientales y movilizaciones en defensa del agua, como ya ocurrió en conflictos anteriores. Las próximas etapas dependerán de los procesos de permisos, audiencias públicas, evaluaciones de impacto y del avance concreto de proyectos mineros en áreas sensibles.

Al mismo tiempo, el Gobierno provincial tendrá el desafío de demostrar que puede garantizar estándares ambientales rigurosos, equilibrar intereses productivos y evitar daños en un recurso que es vital para la economía mendocina.

La aprobación de la minería metalífera en Mendoza reabre un debate profundo sobre el modelo de desarrollo provincial y la gestión del agua, un recurso indispensable para su matriz productiva. Mientras sectores industriales celebran la posibilidad de atraer inversiones, amplios sectores sociales advierten sobre riesgos ambientales y productivos que podrían tener consecuencias irreversibles.

El conflicto vuelve a instalarse en el centro de la agenda provincial, con un eje claro: cómo conciliar actividad minera, protección ambiental y sostenibilidad hídrica en una de las provincias más sensibles del país.