Argentina retiene su control con un respiro judicial

La justicia americana frenó temporalmente la ejecución de la sentencia que obligaba al Estado argentino a transferir su participación mayoritaria en YPF como parte del pago por una millonaria indemnización, permitiendo mantener la estructura accionaria intacta mientras avanza la apelación.

El fallo original, firmado por la jueza Loretta Preska, había condenado a Argentina por la expropiación de la empresa en 2012 sin garantizar un mecanismo igualitario para todos los accionistas. Hasta ahora, los demandantes reclaman US$ 16.1 mil millones más intereses, monto que continúa creciendo.

La Corte de Apelaciones no detalló sus fundamentos, pero el resultado otorga un alivio inmediato para el Gobierno argentino, ya que impide la pérdida de control de YPF, un activo estratégico fundamental.

Un respaldo extra que suma peso

La decisión cobra mayor relevancia luego de que el Gobierno de Estados Unidos se presentara como amicus curiae (amigo de la Corte), respaldando la postura argentina. Este gesto diplomático sugiere que la disputa trasciende lo judicial y se vincula con el respeto a la soberanía y el equilibrio diplomático.

Desde el gobierno local se interpretó el fallo como una victoria institucional: "Un paso decisivo para defender un activo estratégico", afirmó la Procuración del Tesoro. El bloqueo temporal permite que las avenidas legales sigan abiertas sin que el país pierda participación en YPF mientras desarrolla su estrategia de defensa.

¿Qué significa esto para el futuro?

Para el Gobierno de Javier Milei esta resolución es doblemente importante. Por un lado, aseguran que el Estado retiene el control de YPF, fundamental para su plan energético y de ayuda de reservas. Por otro, evita un conflicto institucional doméstico: entregar esas acciones sin aval del Congreso es inviable constitucionalmente.

Sin embargo, este freno judicial no es la resolución definitiva. Argentina continúa apelando el fondo del fallo y las audiencias clave están previstas para fines de septiembre y octubre, nuevamente post elecciones, con una resolución que podría dirimir el futuro económico y energético del país.