Centralización del poder y pérdida de autonomía técnica

El decreto 571/2025 suprime la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), creada en 2019 como un cargo de perfil técnico, y concentra sus funciones en la presidencia del organismo. Según el Ejecutivo, esta decisión busca "simplificar estructuras" y evitar superposiciones de funciones. Sin embargo, en el sector agroindustrial y en el ámbito político se interpreta como un retroceso en términos de autonomía técnica y federalismo institucional.

La Dirección Nacional había sido concebida para garantizar un contrapeso técnico a la conducción política del INTA, preservando su enfoque científico y su capacidad de respuesta a las demandas de las economías regionales. Con su eliminación, todo el poder de decisión se concentra en un solo cargo, lo que para muchos implica un riesgo de politización y de pérdida de pluralidad en la definición de políticas y programas.

La medida se da en un contexto de conflicto institucional: semanas atrás, la Cámara de Diputados rechazó con una mayoría cercana a dos tercios la iniciativa del Gobierno para transformar al INTA en un organismo desconcentrado, eliminando su autarquía. Ese rechazo legislativo no detuvo al Ejecutivo, que ahora avanza con cambios internos que alteran su funcionamiento histórico.

El argumento oficial se centra en la eficiencia: sostienen que la Dirección Nacional generaba burocracia, duplicaba funciones y entorpecía la toma de decisiones. Afirman que, al centralizar el mando, se podrá agilizar la gestión, reducir costos administrativos y priorizar proyectos estratégicos. No obstante, desde distintos sectores se alerta que la eficiencia administrativa no debe lograrse a costa de la independencia técnica.

Riesgos para la investigación, la extensión y el desarrollo regional

El INTA es una institución con presencia territorial en todo el país, con centros regionales, estaciones experimentales y agencias de extensión que trabajan junto a productores, cooperativas y gobiernos locales. Este esquema federal ha sido clave para impulsar tecnologías adaptadas a cada región, desde innovaciones en cultivos hasta mejoras en la producción ganadera, forestal y agroindustrial.

La eliminación de la Dirección Nacional plantea dudas sobre la continuidad de esta dinámica. Sin un cargo técnico con capacidad de incidir en las decisiones estratégicas, muchos temen que se prioricen criterios políticos o macroeconómicos por sobre las necesidades concretas de las economías regionales.

Productores y especialistas señalan que, en momentos en que el agro enfrenta desafíos complejos -como la variabilidad climática, la necesidad de reconversión tecnológica y la presión de los mercados internacionales-, es fundamental mantener un sistema de investigación y extensión independiente y robusto. La centralización del poder, advierten, podría debilitar la capacidad de respuesta del organismo, reducir la participación de las regiones en la toma de decisiones y, en última instancia, impactar en la competitividad del sector.

Además, hay preocupación por el efecto que estas decisiones pueden tener sobre el capital humano del INTA. Muchos técnicos de carrera, con décadas de experiencia, temen que el nuevo esquema abra la puerta a designaciones políticas y reduzca la estabilidad de los equipos de trabajo. Esto podría erosionar uno de los principales activos del instituto: su personal altamente calificado y con profundo conocimiento de las realidades productivas locales.

Un conflicto político que podría escalar

La disputa por el futuro institucional del INTA está lejos de cerrarse. El rechazo legislativo a la eliminación de su autarquía y la resistencia de sectores productivos y sindicales anticipan que la reforma podría derivar en acciones judiciales. Varios legisladores ya adelantaron que analizarán la legalidad del decreto, y no se descarta que se presenten recursos para frenarlo.

En el plano político, la medida se interpreta como un paso más en la estrategia del Gobierno para concentrar el control de organismos estratégicos. No se trata de un caso aislado: en los últimos meses, se han registrado cambios similares en otras instituciones técnicas y regulatorias, lo que alimenta el debate sobre el equilibrio entre eficiencia administrativa y preservación de la independencia institucional.

Mientras tanto, en el sector agroindustrial persiste la incertidumbre. ¿Podrá el INTA mantener su rol histórico como motor de innovación y desarrollo territorial bajo un esquema de conducción más centralizado? ¿Se priorizarán las demandas concretas de los productores o se impondrá una agenda más alineada con los objetivos coyunturales del Ejecutivo?

Lo cierto es que el desafío de modernizar y hacer más eficiente al organismo no puede desvincularse de su misión esencial: generar y transferir conocimientos para fortalecer la producción, la sustentabilidad y la competitividad del campo argentino. En un contexto de cambios acelerados y alta competencia global, cualquier debilitamiento de esa misión podría tener consecuencias profundas, no solo para el agro, sino para toda la economía nacional.