La petrolera estatal YPF debió salir al escenario financiero para explicar el reciente fallo de la Justicia de Nueva York, que ordena entregar el 51% de sus acciones a un fondo demandante, como pago parcial de una indemnización de USD16.100 millones por la expropiación de 2012. La medida generó alarmas inmediatas en los mercados, con rebotes en la cotización de su ADR y un fuerte impacto en el dólar.

Las acciones de YPF en Buenos Aires y Nueva York cayeron entre 5% y 6%, arrastrando al sector energético y contagiando al índice Merval, que anotó caídas superiores al 2%. Incluso los bonos soberanos y corporativos sufrieron retrocesos, mientras el dólar mayorista escaló por encima de 1.200 pesos tras conocerse el fallo.

YPF buscó transmitir confianza, señalando que la operación del día a día -especialmente en Vaca Muerta, motores de su rentabilidad- no está afectada y que el objetivo es defender su patrimonio mediante la apelación. Sin embargo, la carga patrimonial derivada de la sentencia genera un peligro real: los fondos demandantes cuentan con herramientas legales para avanzar sobre activos en el extranjero si la disputa judicial no se detiene pronto.

Para los analistas, la situación representa un obstáculo clave en la estrategia de Argentina para recuperar acceso a los mercados internacionales de capital. La incertidumbre jurídica sobre la petrolera estatal -una de las principales fuentes de ingresos e inversión energética- podría retraer flujos externos y encarecer el financiamiento en un momento donde el país también necesita fortalecer sus reservas.

El fallo abre dos frentes críticos: riesgo real de pérdida del control corporativo, y presión cambiaria y financiera a la baja. En este contexto, la postura de YPF y el Estado es apelar de forma inmediata, buscando ganar tiempo y evitar que el fallo avance hacia embargos operativos. Pero el pulso con la justicia de Nueva York ya está afectando la confianza de inversores y la estabilidad macroeconómica del sector energético.