Uno de los ejes centrales de la reforma es la transformación del esquema tradicional de indemnización por despido. El proyecto habilita la posibilidad de reemplazar la indemnización clásica por un fondo de cese laboral, que podrá ser acordado por sector a través de convenios colectivos.

Este sistema, inspirado en modelos utilizados en la construcción, busca reducir la incertidumbre judicial y previsibilizar costos para las empresas. Sin embargo, abre un debate sobre la protección del trabajador frente a despidos sin causa.

Nuevas modalidades de contratación

La reforma amplía las modalidades contractuales, facilitando esquemas más flexibles de vinculación laboral. Se incorporan figuras que permiten mayor adaptación a la dinámica productiva, especialmente en sectores estacionales o de alta rotación. Además, se introducen cambios en el período de prueba, extendiendo su duración y reduciendo costos asociados a desvinculaciones tempranas.

Convenios colectivos y negociación por empresa

Otro punto relevante es la posibilidad de fortalecer los acuerdos por empresa, habilitando negociaciones específicas que puedan adecuarse a la realidad productiva de cada compañía.

La reforma también redefine aspectos vinculados a la ultraactividad de los convenios colectivos, limitando la extensión automática de acuerdos vencidos y promoviendo una actualización más frecuente de las condiciones laborales.

Registración laboral y blanqueo

El proyecto incorpora un régimen de regularización laboral, con incentivos para formalizar trabajadores no registrados y reducción de sanciones para empleadores que adhieran al esquema. El objetivo declarado es reducir la informalidad y ampliar la base de empleo registrado, aunque su efectividad dependerá de la capacidad de fiscalización y del contexto económico general.

Impacto sobre empresas y trabajadores

Desde el sector empresario, la reforma es interpretada como un avance hacia un mercado laboral más previsible y competitivo, con menor riesgo judicial y costos más claros. En cambio, desde sectores sindicales y opositores se advierte que las modificaciones podrían debilitar la protección laboral y generar mayor precarización si no se implementan mecanismos de equilibrio.

El impacto real dependerá del comportamiento del empleo en los próximos meses y de la respuesta del sector productivo frente al nuevo marco normativo.