La reducción del gasto público no fue el resultado de una reforma estructural del Estado, sino de un ajuste fiscal acelerado que priorizó el recorte de partidas por sobre la mejora en la gestión. El gasto cayó a mínimos históricos, afectando de manera directa a obra pública, infraestructura, ciencia, tecnología, educación, salud y políticas sociales.

El achicamiento no vino acompañado de una modernización administrativa, una reorganización del sector público ni una mejora en la calidad de los servicios. Por el contrario, el ajuste dejó un Estado más chico pero también más débil, con menor presencia territorial y escasa capacidad de respuesta frente a problemas estructurales.

En la práctica, el recorte se tradujo en proyectos paralizados, deterioro de rutas, escuelas y hospitales, y un retroceso en áreas estratégicas que requieren planificación de largo plazo. La ausencia de inversión pública comenzó a notarse con mayor fuerza en las provincias y municipios, donde el Estado nacional históricamente cumple un rol clave.

Menos gasto, más costos para el sector privado y la sociedad

La contracción del gasto no eliminó necesidades, sino que trasladó costos. Servicios que antes eran provistos o complementados por el Estado pasaron a ser absorbidos por empresas, familias y gobiernos locales, generando un impacto directo sobre los costos de producción, el consumo y la calidad de vida.

Desde el entramado productivo advierten que la retirada del Estado incrementó la presión sobre las empresas, que debieron afrontar mayores costos logísticos, energéticos y de infraestructura sin compensaciones ni políticas de apoyo. En lugar de mejorar la competitividad, el ajuste profundizó asimetrías regionales y debilitó cadenas productivas completas.

La caída de la obra pública tuvo además un efecto contractivo inmediato sobre la industria y el empleo, reduciendo la demanda de insumos, servicios y mano de obra, y afectando a uno de los sectores con mayor capacidad de arrastre sobre la economía.

Orden fiscal sin plan de desarrollo

Si bien el discurso oficial destacó el orden de las cuentas públicas, el ajuste dejó en evidencia la ausencia de un plan de desarrollo productivo. El Estado redujo su gasto sin definir prioridades estratégicas, sin políticas activas para sostener la inversión y sin herramientas para acompañar al sector productivo en un contexto recesivo. El resultado fue un esquema donde el equilibrio fiscal se alcanzó a costa de vaciar funciones esenciales, sin resolver problemas de fondo como la ineficiencia, la superposición de organismos o la baja calidad del gasto. En lugar de un Estado más inteligente, emergió un Estado replegado y desarticulado.