Un frente federal por la bioenergía

La Unión Industrial Argentina (UIA), en conjunto con la Liga de Provincias Bioenergéticas, lanzó una iniciativa legislativa que apunta a modernizar el marco normativo que regula la producción, distribución y comercialización de biocombustibles en el país.

El objetivo es sustituir el actual sistema de precios regulados y cupos fijos por un modelo de mercado más abierto, basado en competencia, licitaciones transparentes y reglas de previsibilidad que garanticen la sustentabilidad económica y ambiental del sector.

Las provincias firmantes -Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán- representan el núcleo productivo de la bioenergía argentina y concentran más del 90% de la capacidad instalada nacional.

Según la UIA, el esquema actual, establecido por la Ley 27.640, "no logró acompañar la evolución tecnológica ni las condiciones de mercado", generando distorsiones en los precios y una fuerte caída en la rentabilidad de las plantas, muchas de las cuales operan con capacidad ociosa o han debido suspender actividades.

La necesidad de una actualización normativa

Desde la promulgación de la ley vigente en 2021, el sistema de cupos y precios regulados fue concebido como una herramienta de transición. Sin embargo, cuatro años después, las cámaras del sector sostienen que se ha convertido en un obstáculo.

El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, afirmó que "la nueva ley debe reflejar una visión federal y moderna de la energía, que integre a los biocombustibles en la estrategia de transición hacia una matriz más limpia, previsible y con reglas de mercado".

Por su parte, los gobernadores de las provincias productoras insistieron en que la bioenergía es un motor clave de desarrollo regional, que genera empleo, valor agregado y exportaciones, y reduce la dependencia de los combustibles fósiles importados.

El nuevo proyecto propone flexibilizar los cupos de producción, liberar parcialmente el precio y fomentar inversiones en biodiésel, bioetanol y biogás, promoviendo además el uso en transporte aéreo, marítimo e industrial.

Hacia un mercado más competitivo

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la sustitución del sistema de cupos asignados por la Secretaría de Energía por un mecanismo de licitaciones abiertas y competitivas, que permita la participación tanto de grandes empresas como de pymes regionales.

El nuevo marco contempla además la libre comercialización entre productores y distribuidores, con supervisión estatal en materia de calidad, trazabilidad y cumplimiento ambiental.

También se busca aumentar los porcentajes de corte obligatorio:

• Biodiésel: del 7,5% actual a un mínimo del 12%, con posibilidad de llegar al 20% en 2030.

• Bioetanol: del 12% al 15% en una primera etapa, priorizando la participación de las plantas azucareras y maiceras del NOA y el centro del país.

El esquema prevé además incentivos fiscales para nuevas inversiones en infraestructura, innovación y eficiencia energética, así como beneficios para las industrias que incorporen biocombustibles en su matriz operativa.

Impacto económico y ambiental

De acuerdo con estimaciones de la UIA, el desarrollo de un mercado competitivo de biocombustibles podría generar inversiones por más de USD 2.000 millones en los próximos cinco años, crear 40.000 empleos directos e indirectos y reducir en un 25% las emisiones de dióxido de carbono del sector transporte.

El organismo sostiene que la Argentina cuenta con una ventaja comparativa natural en materia de recursos agrícolas -maíz, soja, caña de azúcar- y con una estructura industrial capaz de ampliar rápidamente la capacidad instalada si existen condiciones de estabilidad y rentabilidad.

Además, el proyecto apunta a reducir la volatilidad energética mediante la diversificación de fuentes. Con un mercado interno fortalecido, el país podría incluso avanzar hacia la exportación de biocombustibles y bioenergía, aprovechando la creciente demanda internacional de energías limpias.

Reclamos del sector productivo

Durante el encuentro de presentación, representantes de las cámaras industriales y de las provincias coincidieron en la necesidad de una legislación que brinde previsibilidad.

"Hoy tenemos plantas que trabajan al 50% de su capacidad. El sistema de precios fijados y cupos cerrados desincentiva la inversión y desalienta la innovación tecnológica", señaló un dirigente de la Cámara de Bioetanol de Maíz.

Por su parte, el titular de la Cámara Santafesina de Energías Renovables advirtió que "sin un marco competitivo, la Argentina perderá oportunidades frente a países de la región que ya avanzan hacia esquemas de libre mercado".

Las pymes del sector también reclaman un tratamiento diferencial para poder competir en igualdad de condiciones frente a grandes productores.

Debate en el Congreso

El proyecto será presentado formalmente en el Congreso antes de fin de año. Fuentes parlamentarias señalaron que existe consenso generalizado sobre la necesidad de una nueva ley, aunque persisten diferencias en torno al grado de desregulación y a la velocidad de implementación de los nuevos cortes.

Mientras los gobernadores y la UIA impulsan una apertura gradual y controlada, algunos sectores del oficialismo temen que una liberalización total pueda generar concentración y excluir a productores pequeños.

De todos modos, se espera que la iniciativa logre dictamen en las comisiones de Energía y de Industria durante el primer trimestre de 2026.

Un paso estratégico para la transición energética

La propuesta de las provincias bioenergéticas y la UIA llega en un momento clave, cuando el país busca consolidar su transición hacia fuentes de energía más limpias y sustentables.

La nueva ley podría convertirse en una herramienta fundamental para articular políticas industriales y ambientales, integrando al sector público, las provincias y la industria privada en un objetivo común: transformar la bioenergía en un pilar del desarrollo federal argentino.

En palabras de Funes de Rioja, "los biocombustibles no son una alternativa, sino una necesidad estratégica. Representan trabajo, innovación y futuro para las economías regionales".