Un fenómeno estructural que se profundiza

La informalidad laboral volvió a crecer en la Argentina. De acuerdo con los últimos datos del IIEP-UBA-CONICET, cuatro de cada diez trabajadores -equivalentes al 43,2% del total de ocupados- no están registrados en el sistema de seguridad social. En comparación con el mismo período del año anterior, esto representa un incremento de 1,6 puntos porcentuales, consolidando una tendencia que preocupa tanto al ámbito académico como al sector productivo.

El estudio advierte que la tasa actual se ubica entre las más altas desde 2008, y solo fue superada brevemente durante el segundo trimestre de 2022. "Más allá de las fluctuaciones, y excluyendo la pandemia, la tasa de informalidad se ha mantenido en niveles muy elevados desde hace 17 años", destaca el informe.

Los sectores más afectados

Por tipo de ocupación, la tasa de informalidad entre los asalariados alcanza el 37,7%, mientras que entre los trabajadores por cuenta propia asciende al 62,5%. En tanto, los patrones -aquellos que emplean personal- exhiben un nivel de informalidad del 22,2%.

Del total del empleo no registrado, el 63% corresponde a asalariados, el 34% a trabajadores independientes y el 2% a empleadores, a lo que se suma un grupo menor de trabajadores familiares sin remuneración. Esta composición refleja el peso que tiene el trabajo asalariado dentro del mercado laboral argentino, que representa el 72% del empleo total.

Jóvenes y adultos mayores, los más vulnerables

El informe del IIEP pone especial atención en la informalidad juvenil, que alcanza al 63% de los trabajadores de entre 16 y 24 años. Esto implica una diferencia de 21 puntos porcentuales respecto de la tasa general, lo que confirma la dificultad estructural de los jóvenes para insertarse en empleos formales y con derechos.

A medida que avanza la edad, la informalidad tiende a descender. En el segmento de 25 a 44 años, la tasa se ubica en 41,4%, mientras que entre los 45 y 64 años cae a 34,5%. Sin embargo, vuelve a crecer en la población mayor de 65 años, donde supera el 51%.

"Los extremos del ciclo laboral -inicio y final de la vida activa- son los más expuestos a la informalidad", sostiene el documento. Además, advierte que los trabajadores en edades centrales, pese a tener una tasa similar al promedio, concentran casi la mitad del total de los empleos informales, ya que representan el 49% del empleo nacional.

Una brecha salarial del 44%

Uno de los datos más alarmantes del informe es la penalización salarial que sufren los trabajadores informales. Según el estudio, un trabajador no registrado percibe, en promedio, un 44% menos que otro con características similares que trabaja en la formalidad.

Esto significa que si un empleado formal obtiene $100.000 mensuales, un trabajador informal con igual nivel educativo, edad, género, rama de actividad, categoría ocupacional y tamaño de empresa gana apenas $56.000.

La brecha de ingresos no solo refleja desigualdad económica, sino que además limita la capacidad de consumo y ahorro de amplios sectores de la población. También tiene implicancias macroeconómicas: menos aportes a la seguridad social, menor recaudación tributaria y una reducción en la productividad laboral.

Consecuencias para el sistema productivo

El incremento de la informalidad laboral representa un desafío directo para la industria argentina y el entramado PyME, sectores que dependen fuertemente de la estabilidad del empleo formal. Las empresas que operan en la economía formal enfrentan una competencia desleal frente a aquellas que eluden obligaciones fiscales y laborales, lo que distorsiona los costos de producción y la competitividad general.

Además, la falta de cobertura social deja a millones de trabajadores sin acceso a jubilación, licencias, ART ni obra social, generando un impacto social profundo. "La persistencia de altos niveles de informalidad impide el desarrollo de un mercado laboral inclusivo y sostenible", advierte el informe del IIEP.

Expertos consultados señalan que revertir esta tendencia exige una política integral de formalización, que combine incentivos fiscales, simplificación tributaria y reducción del costo laboral no salarial. También es clave el fortalecimiento de la fiscalización, la digitalización de los registros y el impulso de programas que vinculen formación laboral con empleo registrado.

Sin medidas concretas, la informalidad podría consolidarse como un rasgo estructural del mercado de trabajo argentino. En ese escenario, el país enfrentaría mayores dificultades para sostener la productividad, la inversión y la recaudación necesarias para financiar políticas sociales.