Inundaciones que golpean el corazón productivo

Las intensas lluvias de agosto transformaron el mapa productivo de la provincia de Buenos Aires. En apenas diez días, la superficie anegada aumentó entre un 30 y un 40 por ciento, según datos de CARBAP. El fenómeno afecta principalmente a distritos como Bolívar, Carlos Casares, Pehuajó y 9 de Julio, zonas consideradas el "corazón agrícola" de la provincia y responsables de un porcentaje vital de la producción de maíz y soja.

Las consecuencias son graves: millones de hectáreas quedaron inutilizadas, descartando la posibilidad de sembrar maíz temprano y dejando en duda la viabilidad de otros cultivos en los próximos meses. Además de la pérdida productiva, el impacto humano también es profundo. Comunidades rurales enteras quedaron aisladas, los caminos vecinales se volvieron intransitables y muchas escuelas debieron cerrar temporalmente. Para quienes viven en el campo, la inundación no es un problema circunstancial: es un golpe directo a su forma de vida.

Reclamos del sector y necesidad de respuestas inmediatas

Frente a este escenario, las entidades rurales no tardaron en manifestar su preocupación. CARBAP, junto con la Sociedad Rural de 9 de Julio, emitió un pedido urgente al Gobierno provincial y nacional para que se tomen medidas concretas que alivien la situación de los productores.

Entre los principales reclamos figuran la provisión de maquinaria vial para limpiar y reabrir caminos -retroexcavadoras, palas, camiones-, y la implementación de líneas de financiamiento con tasas diferenciales, que permitan a los productores enfrentar las pérdidas y reprogramar sus actividades. También se exige un alivio fiscal inmediato, bajo el argumento de que los productores no pueden afrontar impuestos cuando su tierra está literalmente bajo el agua.

Otro punto de crítica es el retraso en la declaración de emergencia agropecuaria. Para el sector, esa demora agrava la incertidumbre y deja a las explotaciones sin herramientas legales ni financieras para paliar la crisis. La situación actual refleja una falta de coordinación entre distintos niveles del Estado, que termina castigando a los productores en el momento en que más apoyo necesitan.

El problema estructural: obras postergadas y desidia histórica

Más allá de la coyuntura, los productores remarcan que la crisis hídrica expone problemas estructurales de larga data. Uno de ellos es la falta de avances en el Plan Maestro del Río Salado, una obra fundamental para regular los excesos hídricos en la región y que durante años quedó atrapada entre promesas incumplidas y financiamiento inconcluso.

Sin este tipo de proyectos de infraestructura, cada ciclo de lluvias intensas se transforma en una catástrofe que deja pérdidas millonarias, no solo para los productores afectados sino para toda la economía nacional. La falta de previsión y de continuidad en las obras públicas genera un círculo vicioso: cada inundación repite los mismos daños, mientras las soluciones de fondo se postergan indefinidamente.

Una crisis que excede lo productivo

El impacto de las inundaciones no se limita al agro. También repercute en la vida de las comunidades rurales y en la cadena de abastecimiento de alimentos. Los caminos cortados interrumpen el transporte de insumos y mercaderías, encarecen los costos logísticos y afectan a consumidores urbanos que terminan pagando precios más altos.

Además, el deterioro social es evidente: familias que no pueden trasladarse, trabajadores que pierden ingresos diarios y jóvenes que deben interrumpir sus estudios. En los pueblos del interior, donde la economía local depende en gran medida de la producción agropecuaria, una inundación masiva es sinónimo de recesión y pérdida de oportunidades.

Lo que está en juego para el país

El riesgo más grave de esta crisis es que no solo compromete la campaña actual, sino también la próxima. Si los productores no logran sembrar a tiempo, la pérdida impactará en la cosecha 2026, reduciendo el ingreso de divisas y debilitando la ya frágil economía argentina.

Por eso, los dirigentes rurales insisten en que no alcanza con medidas de corto plazo. Hace falta un compromiso político sostenido que incluya infraestructura hídrica, financiamiento accesible, incentivos fiscales y planificación territorial. Solo así se podrá evitar que cada temporada de lluvias intensas se convierta en un desastre anunciado.