En 2025, la vitivinicultura argentina atraviesa una crisis estructural por la creciente presión tributaria que recorta severamente los excedentes de fincas y bodegas. Un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo, encargado por Coviar, muestra que los impuestos absorben 57,1% del excedente en fincas y llegan al 62,4% en bodegas, cifras que escalan aún más en establecimientos pequeños.

Al desglosar el proceso productivo integrado -desde la uva hasta la botella- se observa que los costos operativos consumen el 81% de los ingresos, dejando solo el 19% como excedente antes de impuestos. De ese excedente, más de tres quintos se destinan al Estado, lo que limita severamente la capacidad de reinversión.

La comparación con países como Chile es aún más preocupante: allí, las fincas tributan cerca del 33,3% de su excedente y las bodegas un 42,4%, lo que ubica a la vitivinicultura argentina con una carga casi el doble, afectando directamente la competitividad internacional.

Desde 2017, los valores se han incrementado en forma continua: la presión subió del 45% al 57% en fincas, y del 58% al 62% en bodegas. En emprendimientos de menor escala, estas alícuotas alcanzan hasta el 61,2% en fincas y el 63,4% en bodegas, evidenciando una fuerte desigualdad en la capacidad de resistir la carga fiscal según la escala productiva.

El desglose de los principales tributos muestra que el Impuesto a las Ganancias representa el 20,8% del total, seguido por los aportes patronales (17,1%) y el Impuesto al Cheque (10,9%). Todos estos componentes terminan erosionando la rentabilidad y frenando decisiones de inversión claves.

En términos macroeconómicos, este nivel de presión tributaria compromete la generación de divisas genuinas, desalienta la modernización tecnológica y restringe la posibilidad de expansión de uno de los sectores emblemáticos de las economías regionales argentinas. A esto se suman los elevados costos logísticos para exportar, que en muchos casos quintuplican los de países vecinos como Chile.