El sector agroexportador argentino inicia el segundo semestre de 2025 con un cambio clave en las reglas fiscales que regulan la comercialización internacional de granos. A partir del 1° de julio, se incrementarán las retenciones a la soja, el maíz y el sorgo, lo que representa un regreso a niveles impositivos previos a la reducción temporal aplicada en enero. La medida llega en un momento de alta sensibilidad para el campo, en plena etapa de planificación de nuevas campañas y con la necesidad de previsibilidad para los mercados internacionales.

La soja, principal complejo exportador del país, pasará de tributar un 26% a un 33% en concepto de derechos de exportación. En tanto, el maíz y el sorgo verán sus alícuotas subir del 9,5% al 12%. También se ajustará la retención al girasol, que se ubicará en un 7% (venía aplicándose un 5,5?% desde inicios de año). Por el contrario, los cultivos de trigo y cebada mantendrán temporalmente la retención reducida del 9,5%, aunque esta medida estará sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones por parte de los exportadores.

Según el esquema oficial, para que trigo y cebada conserven la alícuota reducida hasta marzo de 2026, las empresas deberán liquidar al menos el 90% de las divisas obtenidas por exportación dentro de un plazo de 30 días hábiles desde la fecha de embarque. Esta exigencia busca acelerar la entrada de dólares al sistema financiero nacional, en un contexto en el que las reservas siguen siendo un factor central de análisis económico.

Como antesala al cambio normativo, los exportadores realizaron una fuerte aceleración de operaciones durante junio. En las últimas semanas del mes, se declararon más de 17,9 millones de toneladas de maíz, 15,8 millones de toneladas de poroto de soja, 6,5 millones de toneladas adicionales de poroto y 3,8 millones de toneladas de aceite de soja. Se estima que este adelanto de DJVE (Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior) generó ingresos por cerca de USD5.000 millones, anticipando operaciones para evitar el impacto impositivo que comenzará a regir desde julio.

La decisión de actualizar las alícuotas está enmarcada en el cierre progresivo de los beneficios fiscales anunciados a principios de año, que se habían instrumentado como parte de una estrategia para promover el ingreso de divisas en un contexto económico desafiante. La nueva estructura tributaria representa una vuelta al esquema clásico, pero con matices diferenciados entre cultivos, lo que genera expectativas dispares dentro del sector.

Para los productores y comercializadores de soja y maíz, los nuevos porcentajes implican un ajuste significativo en sus márgenes, especialmente en un escenario de costos elevados por logística, insumos y financiamiento. En contraste, los actores vinculados a trigo y cebada encuentran en la prórroga de las retenciones reducidas un incentivo para sostener operaciones y planificar con mayor estabilidad.

Más allá del impacto fiscal directo, el cambio en las retenciones también reconfigura la dinámica comercial de corto plazo. Se prevé que durante julio y agosto se desaceleren las liquidaciones del complejo soja, mientras se mantendría cierta fluidez en trigo y cebada, motivada por la continuidad del beneficio hasta marzo.

Desde el punto de vista macroeconómico, la medida apunta a incrementar la recaudación por exportaciones, en un contexto en el que el Estado busca sostener superávits gemelos y fortalecer el ingreso de divisas. No obstante, los analistas coinciden en que la clave estará en el equilibrio entre presión impositiva y competitividad de los productos argentinos en el mercado global.

En este nuevo escenario, el agro argentino se enfrenta a un doble desafío: adaptarse a las nuevas condiciones fiscales sin frenar el ritmo de exportaciones, y sostener niveles de inversión y productividad que permitan mantener el protagonismo del país como proveedor estratégico de alimentos.