En un país como Argentina, donde la informalidad laboral alcanza a casi la mitad de la población económicamente activa y donde grandes sectores siguen al margen del sistema financiero tradicional, la inclusión aseguradora emerge como un eje fundamental para el desarrollo.

Según datos recientes, más de 20 millones de personas en el país no cuentan con ningún tipo de seguro formal, ni de vida, ni de salud, ni de propiedad. Esto representa una brecha de protección que no solo impacta en la economía familiar, sino también en la capacidad del país para crecer con equidad.

¿Qué son los seguros inclusivos?

Son productos diseñados para poblaciones de bajos ingresos o en situación de vulnerabilidad, con coberturas adaptadas a sus necesidades reales, primas accesibles, y condiciones simples para su contratación y cobro.

A diferencia de los seguros tradicionales, que suelen apuntar a clientes bancarizados o con empleos formales, los seguros inclusivos buscan incluir a quienes están fuera del radar del sistema: trabajadores informales, pequeños productores, emprendedores, poblaciones rurales, migrantes, entre otros.

Un mercado con alto potencial

Lejos de ser solo una "responsabilidad social", los seguros inclusivos representan una oportunidad de negocio real. En muchos países en desarrollo, esta modalidad está creciendo de forma sostenida y con impacto comprobable.

En África y Asia, por ejemplo, millones de personas acceden a seguros contra eventos climáticos, enfermedades o accidentes, contratados a través de cooperativas, ONGs, billeteras digitales o incluso con la compra de alimentos.

Argentina tiene todas las condiciones para seguir ese camino: altos niveles de penetración móvil, crecimiento de plataformas fintech, y un ecosistema asegurador que empieza a mirar más allá de los modelos tradicionales.

Avances en la regulación local

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) viene trabajando desde hace años en la promoción de los microseguros y seguros inclusivos. De hecho, en su Plan Estratégico 2023-2027 se plantea el objetivo de mejorar el acceso y la equidad en la cobertura.

Entre las acciones más destacadas se encuentra la resolución que flexibiliza requisitos técnicos y contractuales para productos destinados a poblaciones vulnerables, así como el fomento de canales alternativos de distribución, como las asociaciones civiles, mutuales o cooperativas.

Además, existen experiencias exitosas como las de algunas aseguradoras que desarrollaron productos para monotributistas sociales, feriantes o trabajadores por cuenta propia, que ya muestran buenos niveles de retención y satisfacción.

Desafíos a superar

Si bien hay avances, el desarrollo masivo de seguros inclusivos en Argentina enfrenta obstáculos estructurales y culturales:

• Falta de educación financiera y aseguradora.

• Desconfianza en el sistema.

• Baja presencia territorial de aseguradoras.

• Necesidad de innovación en canales de distribución.

Para que los seguros lleguen a más personas, será clave repensar las formas de acercamiento, apalancarse en actores comunitarios y digitales, y diseñar productos verdaderamente útiles, no solo "baratos".

Una cuestión de impacto

Contar con un seguro puede ser la diferencia entre perderlo todo o recuperarse. En poblaciones vulnerables, un accidente, una enfermedad o un desastre natural pueden significar una caída en la pobreza extrema o la interrupción de un proyecto de vida.

Por eso, los seguros inclusivos no solo protegen bienes o ingresos: protegen trayectorias, dignidad y futuro.

La posibilidad de ampliar la cobertura en estos sectores no es solo un desafío técnico o comercial: es una decisión estratégica y ética.

Ampliar el acceso a seguros inclusivos en Argentina no solo es posible: es urgente. Las herramientas existen, las tecnologías están, y el marco regulatorio empieza a acompañar. Solo falta que más actores -aseguradoras, intermediarios, gobiernos y organizaciones sociales- se sumen al compromiso.

La inclusión financiera no estará completa sin inclusión aseguradora. Y construir un país más justo implica que todos tengan derecho a estar protegidos.